Exigen libertad y certeza jurídica para Kenia Hernández y tres activistas del Colectivo Zapata Vive y MOLPEG

A través de una carta dirigida al Presidente López Obrador, organizaciones civiles exigieron a autoridades federales y del Estado de México liberar y garantizar certeza jurídica y la integridad de la luchadora social Kenia Inés Hernández Montalvan y los activistas menores de edad, Luis Alfredo Liborio Camacho, David Martínez Montalvan y Moisés Castañeda Lizama, quienes son fundadora y miembros del Colectivo Zapata y del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero (MOLPEG).

Los cuatro fueron detenidos el 6 de junio alrededor de las 22:20 horas por parte de elementos de la policía ministerial y policías estatales del Estado de México, al parecer sin mostrar ninguna orden de detención de por medio.

Los hechos sucedieron en la caseta Hortaliza-Valle de Bravo, en el Estado de México, cuando dos trabajadores de la caseta y dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México los rodearon e impidieron el paso. Minutos más tarde arribaron alrededor de seis patrullas más y realizaron la detención.

Kenia se encuentra en el Penal de Chiconautla, en el Estado de México, mientras que Luis Alfredo Liborio, Moisés Castañeda y David Martínez Montalvan fueron trasladados a un Centro de Internamiento para Adolescentes, del cual se desconoce más detalles.

Kenia Hernández, quien también ha sido consejera de derechos humanos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC-PC) es, desde 2019, es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y de Derechos Humanos y Periodistas por su labor como luchadora social en la entidad sureña.

En la misiva exigieron a las Fiscalías de justicia de la República, del Estado de México y a la Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, así como a los gobiernos federal y estatal poner en inmediata libertad a sus compañeros, ya que según ellos, su detención se realizó sin presentación de orden que acreditara su legalidad, lo que viola el debido proceso.